martes, 6 de septiembre de 2011

Raúl Zibechi - Ecuador : la construcción de un nuevo modelo de dominación


Raúl Zibechi
Ecuador : la construcción de un nuevo modelo de dominación
7-7-2011



La política ecuatoriana muestra claros signos de esquizofrenia. El gobierno emplea un lenguaje revolucionario, en todos los discursos apela a la “Revolución Ciudadana”, pero los hacedores de ese proceso, los que con sus luchas desde el levantamiento del Inti Raymi de 1990 deslegitimaron el neoliberalismo e hicieron caer tres presidentes, son acusados de “infantiles” y de “terroristas”.

Los mismos dirigentes indígenas y sindicales que lucharon para que Rafael Correa llegara a la presidencia, sufren prisión y están sometidos a juicios. Más de 180 dirigentes indígenas han sido acusados de “terrorismo y sabotaje”, entre ellos el presidente de la CONAIE, Marlon Santi, y el de Ecuarunari, Delfín Tenesaca, quienes dirigen las dos más importantes organizaciones sociales del país.

Personalidades como Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex amigo personal de Correa, quien trabajó para incluir los conceptos de Buen Vivir (Sumak Kawsay) y los “derechos de la naturaleza” en la Constitución, son acusados de “traidores” por el presidente. Entrevistado por Ignacio Ramonet, Correa nunca se refirió como terroristas a los policías que, según su opinión, pretendían dar un “golpe de Estado” y atentar contra su vida. Aliado con empresarios tradicionales de la derecha, Correa reserva sus dardos más envenenados contra la izquierda, algo que no puede sonar a nuevo para quien conozca la historia del movimiento obrero y socialista.

En los últimos meses un repugnante olor a maccartismo, a estalinismo, ha comenzado a percibirse en algunos procesos de cambio. Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, dijo que el trotskismo “no es ultraizquierda sino es la ultraderecha camuflada. Peligroso. Algunos de esos dirigentes dirigen sindicatos, hablan de un discurso revolucionario para que regresen los de antes, los que agarrarán la wiphala, la quemarán y la pisarán, porque así ha sido la derecha”[1]. Al celebrar los 40 años de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, exhortó a los dirigentes a desenmascarar a los traidores en los sindicatos y buscar la unidad en torno al liderazgo del presidente Evo Morales, en contra del trotskismo que “es la avanzada política de la extrema derecha” que en el pasado acabó con gobiernos populares como el de Juan José Torres y Hernán Siles Zuazo, para dar paso a Hugo Banzer y Víctor Paz Estenssoro[2].

En Ecuador el presidente Correa está convencido que la mayor amenaza para el “Socialismo del siglo XXI” viene de lo que denomina como la izquierda “infantil” y grupos ambientalistas e indígenas que, dice, rechazan la modernidad. Por eso critica al que dice “no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro”[3]. Cuando la población amazónica de Dayuma realizó un paro y corte de carretera en noviembre de 2007, decretó el estado de emergencia, militarizó la región, sus habitantes fueron maltratados y varias decenas torturados. Correa habló en cadena nacional: “Tolerancia cero a todo el que quiera hacer paros y generar caos, anarquistas que están acostumbrados con los otros gobiernos a paralizar el desarrollo del país cuando les da la gana, los castigaremos con todo el rigor de la ley”. Se dirigió a las comunidades afectadas por la minería que se movilizan contra la entrega de sus territorios: “Las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas”[4].

Estos discursos encendidos contra los movimientos y las izquierdas escalan cuando se producen movilizaciones populares, como sucedió durante el reciente “gasolinazo” en Bolivia y cada vez que los indígenas deciden “levantamientos” en defensa de sus territorios, contra la minería y las petroleras. Atribuir la represión y el contenido ideológico de los discursos a características personales -suele decirse que Correa es apasionado y se “va de boca”- tiene escasa consistencia. La apuesta es indagar algunas características del régimen de la Revolución Ciudadana que permitan encontrar las razones de estas políticas de criminalización de los movimientos y alianza simultánea con las corporaciones multinacionales. A modo de hipótesis –porque la realidad nos impone cautela por su cercanía temporal– pero intentando ir más allá de la coyuntura, pretendo abordar tres aspectos centrales: la relación entre la hegemonía del capital financiero-extractivista y la imposición de un “estado de emergencia económico”, siguiendo el análisis que hace la economista brasileña Leda Paulani para su país; la hegemonía política de un sector que, llegado al gobierno, hace lo contrario de la misión que le fue encargada, para lo que utilizo el concepto de “hegemonía al revés” de Chico de Oliveira; y, por último, indagar acerca de la instalación de un nuevo modelo político, de la mano del economista ecuatoriano Pablo Dávalos.

Capital financiero y neo-extractivismo

El neoliberalismo aterrizó en nuestro continente latinoamericano aplicando una suerte de “estado de emergencia económico”, que con los gobiernos progresistas se ha convertido en permanente[5]. Leda Paulani se inspira en el conocido trabajo de Giorgio Agamben (Estado de excepción) y en particular en el momento en que Roosvelt, en 1933, exige un poder ilimitado ante las dificultades que generaba la crisis, haciendo un paralelismo entre la emergencia militar y la emergencia económica. En opinión de la economista, plenamente compartible, la restauración democrática en la década de 1980 fue posible bajo las premisas de la instalación de un estado de emergencia económico permanente, “haciendo de la excepción el paradigma de gobierno”[6].

Esa excepcionalidad permitió al gobierno de Fernando Henrique Cardoso hacer pasar el proceso de privatizaciones, algunas de ellas escandalosas, con la justificación de que la grave situación económica así lo imponía. Si no se privatiza –decía el discurso neoliberal– el país marchará a la catástrofe. La desregulación era una medida imprescindible si se pretendía “salvar” la economía, el mismo argumento que se utiliza cuando se pretende “salvar la nación” a punto de ser destruida por un enemigo exterior. Ya bajo el gobierno Lula se aplicaron las mismas lógicas para imponer un superávit primario superior al que exigía el FMI, el aumento de las tasas de intereses que perjudican al país y la reforma regresiva de las jubilaciones, entre las más destacadas. Concluye que “el gobierno Lula hizo de la creación voluntaria de ese estado de emergencia permanente la práctica esencial de su gobierno”[7]. Un ejemplo: cuando el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, fue acusado de corrupción, Lula hizo aprobar una Medida Provisoria, en agosto de 2004, para darle estatus de ministro y salvarlo así de cualquier imputación jurídica.

Finalmente, sostiene que la hegemonía del régimen de acumulación financiera, acumulación por desposesión en los términos de David Harvey, impone un estado de emergencia económica permanente porque con su cortoplacismo y su avidez de ganancias genera inestabilidad permamente. En ese sentido, la reforma previsional de Lula, que fracturó al PT con la salida entre otros de la senadora Heloisa Helena y la creación del PSOL, “abrió inmediatamente a la acumulación privada todo el inmenso territorio de la previsión social”, ofreciéndole a la especulación los altos salarios del sector público[8]. Hoy los fondos de pensiones son la principal herramienta que tiene el gobierno para influir en la economía, al punto que controlan una porción decisiva de las grandes empresas privadas y, por supuesto, las estatales.

En Ecuador, el “estado de emergencia económica” fue la gran excusa para imponer la dolarización, en enero de 2000, en medio de la mayor crisis económica y política que conociera el país, que se saldó con la caída del presidente Jamil Mahuad, la creación de parlamentos populares en las provincias y la “toma del poder” durante unas horas por una alianza de indígenas y militares. De ese modo el país perdió su soberanía monetaria. El dólar como nueva moneda nacional provocó un fuerte aumento de los precios, no logró detener el alza del costo de vida, generó dificultades para la inversión y sólo puede sostenerse por las remesas de los emigrantes y por alto precio del petróleo. Sin embargo, “la dolarización se convirtió en el debate prohibido durante el período de Alanza País”, según Pablo Dávalos[9]. Bajo el gobierno de Correa el tema no se discute, aunque se emiten discursos que hablan de “soberanía” y “revolución”. Los argumentos para no revertir la dolarización aseguran que generaría graves tensiones económicas y sociales, ya que las clases medias se han beneficiado multiplicando su capacidad de consumo.

La segunda cuestión se relaciona con la hegemonía del sector financiero-extractivo. El país sigue dependiendo de las exportaciones de petróleo, que representan el 60% del total y cerca de la mitad de los recursos fiscales. La contracara es que el desempleo y el subempleo alcanzan al 60% de la población económicamente activa. En 2008 el sector bancario y financiero tuvo las mayores ganancias de su historia, en medio de una fuerte concentración del sector, al punto que un solo grupo controlaba el 40% de los activos del país. En los cuatro años de Correa (2007-2010) “los procesos de concentración y centralización de capital de los grupos económicos jamás tuvieron contratiempos”, mientras los nueve mayores conglomerados empresariales representan el 15% del producto interno bruto[10].

Pero se han creado nuevos grupos como consecuencia de la gestión económica de Alianza País. Entre los diez grupos más importantes figura el del hermano de Rafael Correa, con activos de 300 millones de dólares, que ha sido defendido por el presidente aunque realizó de forma ilegal contratos con el Estado por 80 millones de dólares[11]. En vez de explicar en qué consistieron esos contratos ilegales, que Correa asegura mandó suspender, el presidente atacó al partido de izquierda Movimiento Popular Democrático que hizo la denuncia por ser “el mejor aliado de la derecha”. El sector financiero es intocable porque tiene capacidad de desestabilizar el país, algo que la Revolución Ciudadana quiere evitar. Ante esos límites el mejor camino está siendo la alianza con ese mismo capital.

La tercera cuestión en la que aparece el estado de emergencia económico como constricción, son las concesiones mineras que deben hacerse por “imperiosa necesidad” e imponiendo la militarización de aquellos territorios y comunidades que se resisten. Por eso el régimen ha encauzado como terroristas a casi 200 dirigentes sociales. Alberto Acosta lo dijo de forma transparente en un artículo en el que analiza la detención de varios dirigentes shuar. “El uso de la justicia como mecanismo de terror”, es el resultado de no haber legislado para adecuar el cuerpo legal a la nueva Constitución:

Los derechos establecidos en dicha Constitución no han sido transformados aún en herramientas legales que erradiquen todas aquellas prácticas represivas con las que se chantajea y siembra el terror en las comunidades, en este caso en las comunidades shuar. Tenemos un código penal en donde se configura el delito de terrorismo de manera tan general, que no se compadece con los verdaderos delitos de terrorismo. Así el artículo 160,1 del código penal se considera como terroristas a quienes    ‘individualmente o formando asociaciones, (…) armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes:....y a  quienes construyeran barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc., con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas’. [12]

El razonamiento parece claro. Quien se opone al desarrollo, personificado en este caso en las concesiones mineras, está atentando contra el Estado, la estabilidad y el futuro del país, por lo que merece ser considerado “terrorista”. Lo que se omite en este discurso son las razones por lass cuales las concesiones mineras son tan importantes para la estabilidad: la acumulación por desposesión, pese a lo desastrosa que pueda ser para los pueblos, asegura una mínima estabilidad fiscal a un Estado que depende de las exportaciones de petróleo y las concesiones mineras para recaudar. Porque el gobierno de la Revolución Ciudadana no ha promovido una reforma fiscal que obligue al sector financiero, por ejemplo, a tributar en forma responsable, mientras la dolarización arrasó con la escasa industria nacional.

Despolitizar y cooptar

Cuando el sociólogo brasileño Francisco de Oliveira –fundador del PT y luego del PSOL– acuñó el concepto de “hegemonía al revés”, hace ya cuatro años, estaba buscando respuestas para una realidad que lo desconcertaba porque encontraba pocas referencias en otras experiencias como las que encabezó la socialdemocracia en Europa. Dos años después, en un nuevo artículo titulado “El revés del revés”[13], confesó que había querido hacer una provocación a partir de conceptos de Gramsci para intentar comprender regímenes políticos como el Brasil de Lula y la Sudáfrica del Congreso Nacional Africano, que al llegar al poder practican políticas que son el revés del mandato de clase recibido en las urnas.

En “hegemonía al revés” constata que “cuando las clases dominadas toman la ‘dirección moral’ de la sociedad, la dominación burguesa se hace más descarada”[14]. Para explicar esa paradoja pone el foco en tres aspectos. El primero es la dilución del conflicto (desparecen los enemigos de clase, dice) como parte de un proceso que convierte la política partidaria en algo irrelevante en el capitalismo actual. En segundo lugar, las políticas sociales juegan un papel central en la cooptación y neutralización de los movimientos, ya que se despolitiza la cuestión de la pobreza y la desigualdad y se la convierte en un problema administrativo y técnico. La síntesis es que se puede reducir la pobreza sin tocar la desigualdad ni la brutal concentración de la riqueza que registra América Latina, si se adoptan los instrumentos adecuados para ello como el plan Bolsa Familia[15].

Esta doble combinación de políticas sociales y reducción del conflicto social, lubrican la profundización de la acumulación por desposesión, de modo que aquellos que interfieran en ese proceso, ya sean los que protestan contra la represa de Belo Monte en Brasil, contra la explotación de la Amazonia en Perú y Ecuador, son apartados a un lado como obstáculos al progreso. “Todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista”, dijo Correa en la cadena nacional del 1 de diciembre de 2007. Y aquí viene el tercer aspecto, corolario de los anteriores, que abre las puertas a una nueva comprensión de nuestras realidades:

En los términos de Marx y Engels, de la ecuación “fuerza+consentimiento” que conforma la hegemonía, desaparece el elemento “fuerza”. Y el consentimiento se transforma en su contrario: no son más los dominados los que consienten su propia explotación. Son los dominantes –los capitalistas y el capital- quienes consienten en ser políticamente conducidos por los dominados, a condición de que la “dirección moral” no cuestione la forma de explotación capitalista. Es una revolución epistemológica para la cual aún no tenemos la herramienta teórica adecuada. Nuestra herencia marxista gramsciana puede ser el punto de partida, pero ya no es el punto de llegada. [16]

Sabemos que en este punto las políticas sociales juegan un papel doble: al aliviar la pobreza muestran a los de abajo que el gobierno está realmente preocupado por su situación y facilitan el consenso social para profundizar la acumulación financiera. De algún modo los gobiernos progresistas, y en particular el de Correa, siguen adelante con las políticas diseñadas en los 90 por el Banco Mundial, aunque las han expandido y ahora las utilizan para crear una base social propia, pero desmovilizada y de carácter clientelar[17]. En Brasil, la nueva arquitectura reposaba en efecto en políticas como Bolsa Familia y, esto es lo novedoso, en el ascenso de un nuevo actor social que son los dirigentes sindicales (en particular del sector bancario) devenidos en administradores de los fondos de pensiones que son el locus de la más consistente acumulación de capital en Brasil al manejar alrededor del 16% del PIB de Brasil.

Un ejemplo para que no quede como algo abstracto. Previ es el fondo de pensiones del Banco do Brasil, que ocupa el lugar 25 en el ranking de fondos del mundo. Durante el gobierno Lula Pervi fue presidida por Sergio Rosa, ex dirigente bancario y del PT. Previ controla 78 empresas brasileñas, entre ellas Vale do Rio Doce, la segunda minera del mundo, la mayor empresa privada de Brasil (privatizada por Fernando Enrique Cardoso en 1997)  y la mayor productora de mineral de hierro del planeta. Tiene 115 mil empleados, su valor de mercado es de 170 mil millones de dólares y en 2009 tuvo ganancias de 20 mil millones de dólares[18]. Los “sindicalistas” que dirigen Previ controlan el Consejo de Administración de Vale, donde personas como Sergio Rosa deciden quién lo integra así como las inversiones que les conviene realizar.

En Ecuador es diferente. La nueva elite dirigente, todo proceso la necesita, no proviene de los cuadros de algunos sindicatos como en Brasil sino de un conjunto de profesionales incrustados en el aparato estatal. Apenas llegado al gobierno, Correa procedió a una “descorporativización” del Estado[19]. Se procedió a un masivo desalojo de sectores empresariales que tenían un fuerte control del aparato estatal. Pero las cosas no quedaron ahí. Uno de los principales blancos de la cruzada anti-corporativa de Correa fueron los sindicatos de trabajadores del sector público, buscando impedir la agremiación de ese sector y permitiendo contratos colectivos sólo por empresa. El conflicto más fuerte fue con los docentes, que para el gobierno son “mafias que mantienen secuestrada la educación y protegen la mediocridad”, al punto que se culpa a los sindicatos docentes de la mala calidad de la enseñanza[20].

El otro gran conflicto es con los indígenas. En febrero de 2009 el gobierno suprimió la autonomía de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe y centralizó los nombramientos y decisiones en el ministerio de educación, desplazando el papel que venían jugando las organizaciones indígenas. Lo mismo hizo en todas las instituciones donde la CONAIE y otras organizaciones tenían alguna presencia. La idea que guía este accionar es que “los grupos regulados por el Estado no deben participar directamente  ni en el diseño ni en la aplicación de la regulación”[21]. Más aún: en marzo de 2008 modificó el reglamento que regula las organizaciones sociales, destacando que serán causales de disolución “incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización” y “comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir reiteradamente las disposiciones emanadas de  los ministerios u organismos de control y regulación”.

En suma, control de las organizaciones sociales y expulsión del aparato estatal. Pero la Revolución Ciudadana fija un nuevo mecanismo de participación, ya no anclado en los movimientos que eligen a sus representantes para participar en determinadas instituciones, sin en base a la selección de ciudadanos por concurso de méritos. Como el discusro oficial dice que el Estado es de todos, se apela al ciudadano individual no organizado para ocupar esos espacios. El Estado se cierra a los sectores organizados (porque son portadores de corporativismo y por lo tanto de ineficiencia y corrupción) y en su lugar elige, o coopta, a personas por goteo sin que tengan la menor representatividad social y política. Quienes los eligen conforman la alianza de funcionarios y tecnócratas que sustenta la Revolución CIudadana. El investigador Pablo Ospina concluye: “El gobierno ciudadano parece querer sustentarse en el puñado de intelectuales que forman su núcleo dirigente. Un núcleo cada vez más dependiente del liderazgo, la autoridad y el apoyo electoral de la intelectual y académica figura del Presidente de la República”[22].

Un nuevo modelo de dominación

El retorno del Estado, la nueva centralidad del Estado, depurado ahora de movimientos sociales, deja paso a una gubernamentalidad centrada en la figura del presidente/caudillo, dueño del poder y del saber, que cataloga como ”enemigo público” a todo aquel que se le enfrente o disienta. ¿Qué lleva a estos nuevos regímenes, que Dávalos designa como “posneoliberales”[23], a colocar en lugar destacado de su agenda la construcción de un Estado fuerte? “Asegurar la seguridad jurídica y la convergencia normativa”[24]. Disentir, cuestionar, provoca inseguridad jurídica, lo que perjudica la inversión extranjera y el empleo, y lleva al país a un nuevo “estado de emergencia económica”. 

Es el estado el que concesiona territorios para la minería o las obras de la infraestructura para la integración sudamericana, por lo tanto la resistencia no se enfrenta con las multinacionales sino directamente con el aparato estatal. Aparece también una trampa legal. La Constitución puede hablar del Buen Vivir y de los “derechos de la naturaleza”, pero eso nunca se hace ley, ni código, en tanto se aprueban leyes que entregan el agua o los territorios a la especulación multinacional. La más avanzada Constitución del mundo queda diluida porque sus declaraciones no se convierten en resoluciones ni, remotamente, en acciones públicas.

Un Estado fuerte para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, básicamente mineras. David Harvey nos explica en qué consiste la acumulación por desposesión[25]. Pero no explica qué tipo de Estado es necesario en países del Sur donde los movimientos han crecido hasta convertirse en amenaza para la acumulación. Lo vamos descubriendo sobre la marcha. Y lo primero que descubrimos es que mientras en la primera fase del neoliberalismo era el mercado el que orientaba la acumulación por desposesión, ahora esa tarea le incumbe al Estado, sea conservador, progresistas o partidario del “Socialismo del siglo XXI”.

Si la financierización del sistema puso fin al Estado benefactor, en el Sur la acumulación por desposesión frena y revierte el proceso de desarrollo por sustitución de importaciones. Más allá del color político de quienes administran el aparato estatal, son los megaemprendimientos mineros, los monocultivos y la explotación de los hidrocarburos lo que devuelve centralidad Estado. Pero no cualquier Estado, ni cualquier centralidad, sino aquella capaz de convertir a los movimientos en terroristas. O, en el menos agraviante de los casos (Lula, Mujica, Kirchner…), en obstáculos al progreso. En cualquier caso, enemigos a derrotar.

No solo. También un Estado capaz de controlar e integrar, de infiltrar la sociedad y sus organizaciones autónomas, un “Estado capilar” complemento del “Estado fuerte”. El gobierno ecuatoriano creó el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC), vinculado al registro impositivo. El registro obliga a todas las organizaciones a inscribirse de modo que el régimen tiene ahora información detallada y ha sido capaz de advertir a dirigentes campesinos e indígenas por no haber pagado los impuestos de sus organizaciones[26].

El registro está bajo la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, un ministerio que nunca pidieron los movimientos y que se vuelve contra ellos, que según la directora del Registro le permite “saber dónde está la organización, a qué se dedica, para que participe en los programas y proyectos que le ofrece el RUOSC”[27]. A nivel local, el objetivo de la Secretaría es utilizar el registro para que “los gobiernos descentralizados puedan dirigir su accionar a las diferentes organizaciones en el ámbito social, económico, productivo”, lo que pasa por ir parroquia por parroquia, barrio por barrio para “ayudar” a las organizaciones de base[28].

La última frase de De Oliveira en “El revés del revés”, destila todo el pesimismo y la rabia contenida por alguien toda su vida apostó por la izquierda: “Lula es una regresión política”[29]. No es fácil estar de acuerdo con su diagnóstico. Desde el punto de vista de las relaciones interestatales, el gobierno Lula ha sido un paso hacia el multilateralismo al impulsar a Brasil como potencia global y regional. Sin embargo, desde el punto de vista de los movimientos sociales y la lucha por la emancipación, nadie puede decir que haya habido avances. Por el contrario, los movimientos  se han debilitado en todos los países que cuentan con gobiernos progresistas y de izquierda, con la excepción de Bolivia. Más aún: a la luz del debate que está promoviendo la revuelta árabe en América Latina, la sentencia de De Oliveira debe ser tenida en cuenta con el mayor rigor.





[1] Jornadanet, 19 de febrero de 2011 en http://www.jornadanet.com/n.php?a=59813-1
[2] Idem.
[3] Agencia Reuters, 6 de julio de 2010.
[5] Paulani, Leda “Capitalismo financeiro. Estado de emergência econômico e hegemonia às avessas no Brasil”, en Hegemonia às avessas, Francisco de Oliveira, Ruy Braga y Cibelle Rizek (orgs.), Sao Paulo, Boitempo, 2010, pp. 109-134.
[6] Idem p. 115.
[7] Idem p. 124.
[8] Idem p. 132.
[9] Dávalos, Pablo Alianza País o la reinvención de la derecha, Quito, 2010 (inédito), p. 215.
[10] Idem p. 77.
[11] Le Monde Diplomatique, enero de 2011, edición Cono Sur, entrevista de Ignacio Ramonet a Rafael Correa, p. 15.
[12] Alberto Acosta, “El uso de la justicia como mecanismo de terror”, ALAI, 4 de febrero de 2011.
[13] Revista Piauí, Rio de Janeiro/Sao Paulo, No. 37, octubre de 2009.
[14] De Oliveira, Francisco “Hegemonia às avessas”, en Hegemonia às avessas, ob cit p. 24.
[15] Este tema lo abordé en mi libro América Latina. Contrainsurgencia y pobreza, Desde Abajo, Bogotá, 2010 (editado también en México, Chile y Uruguay).
[16] De Oliveira, Francisco “Hegemonia às avessas”, ob cit p. 27.
[17] Para el caso de Ecuador puede consultarse Bretón Solo de Zaldívar, Víctor, Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos, Flacso, Quito, 2001.
[18] “Vale tem segundo mayor lucro”, Folha de Sao Paulo, 25 de febrero de 2011.
[19] Ver, Ospina Peralta, Pablo, Corporativismo, Estado y Revolución Ciudadana, Flacso, Quito, 2010 en www.flacsoandes.org/web/.../1263401619.Corporativismp.pdf
[20] Idem p. 5.
[21] Idem.
[22] Idem p. 13.
[23] El concepto de “posneoliberalismo” en Dávalos es opuesto al que defiende Emir Sader. Mientras éste sostiene que es una superación progresista del Consenso de Washington, Dávalos cree que se trata de una mera actualización en donde la centralidad del mercado cede su lugar al Estado.
[24] Dávalos, Pablo Alianza País o la reinvención de la derecha, ob cit p. 192.
[25] Harvey, David El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2004.
[26] Idem p. 203.
[27] El Universo, Guayaquil, 29 de diciembre de 2010.
[29] Revista Piauí, ob cit.

30S: la obsesión por darle nacimiento a una supuesta “revolución ciudadana”

Quincenario OPCIÓN
30S: la obsesión por darle nacimiento a una supuesta “revolución ciudadana”
8-7-2011



El mito que el gobierno pretende construir alrededor de los sucesos del 30S tiene diversos promotores: los comunicadores gobiernistas, que se encargan de elaborar documentales, libros, spots, o simplemente actúan como testigos a favor del gobierno; los funcionarios del régimen que repiten hasta el cansancio lo que el jefe dice, y algunos jueces que el gobierno ha logrado cooptar, o por lo menos neutralizar a través de los cálculos oportunistas que en ellos surgen en torno a la  reestructuración de la justicia que está en marcha.

Ahora ya existen sentenciados como culpables por haber participado en estos hechos, bajo el cargo de atentar contra seguridad del Estado. Se trata de policías que, sin negar su participación en la rebelión policial, no aceptan que su intención haya sido tomarse el poder, o actuar bajo órdenes de alguien con ese propósito.

El mito se vuelve necesario para el proyecto político de Correa. Busca legitimar su régimen como “revolución”, y para ello requiere de sucesos violentos en los que esa opción aparezca triunfante. Se trata de equiparar al 30S con lo que fue el intento de golpe de Estado (ese sí) en Venezuela contra Hugo Chávez, ocurrido el 11 de abril de 2002 y que tuvo la figura visible de Pedro Carmona como representante de los empresarios golpistas, empresarios entre los que estaban, de manera abierta, los dueños de los principales medios y sus periodistas.

En Ecuador, hay que repetirlo una vez más: ni hubo secuestro al Primer mandatario, ni se intentó asesinarlo, y mucho menos se produjo un intento de golpe de Estado. Al frente de ese movimiento no estaba un sector económico  político claramente identificable, lo cual es una condición fundamental para que se intente un golpe, es decir, que alguien reclame el poder. Los protagonistas fueron miembros  de la tropa policial, a los que luego se unieron algunos militares, que buscaban reivindicaciones de carácter económico, y nada más. En las Fuerzas Armadas no hubo una planificación desde las altas esferas de mando para retirarle el respaldo al Presidente, más bien lo defendieron, y de manera violenta.

Los medios no hicieron parte de la planificación, tanto que la mayoría de periodistas se sintieron desconcertados con los sucesos y más bien llamaban a deponer la medida de hecho. Y, a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela, el discurso que narraba lo que sucedía no era el de los medios privados, puesto que a través de un Decreto (firmado desde el supuesto lugar del secuestro) se impuso una cadena nacional de radio y televisión indefinida e ininterrumpida. Se armó la tramoya y se la difundió de manera vertical y prepotente.

En Venezuela, mientras los canales privados emitían dibujos animados, el pueblo salía de manera espontánea de las barriadas populares, hacía funcionar sus precarios pero efectivos medios de comunicación alternativa y se volcó a las calles a defender a su gobierno. En Ecuador, mientras el canal del Estado era la única señal al aire, y se convertía en un burdo espacio de agitación política, el gobierno tuvo que sacar a algunos funcionarios públicos muchos bajo presión) para tratar de llenar la Plaza Grande  que en realidad es pequeña en términos de cuántas personas alcanzan). Puso en riesgo a esas personas y ahora las muestra como los necesarios héroes de esta gesta.

Sin embargo, el mito, como lo manifiesta Roland Barthes, no es eterno, dura  mientras la sociedad hace uso de él asumiéndolo como verdad. El del 30S ni siquiera se ha terminado de construir, la mayoría de la gente, pese a los esfuerzos del gobierno, no lo asume como verdad, por ello no durará. 

Fernando Villavicencio - Ecuador: Paraíso de intermediarios petroleros. El reinado de la “mafiosa” Trafigura


Fernando Villavicencio Valencia
Ecuador: Paraíso de intermediarios petroleros. El reinado de la “mafiosa” Trafigura
22-7-2011



Un principio de la soberanía económica de un país, es aquel que considera al comercio internacional de petróleo y derivados como una actividad estratégica indelegable por parte del Estado. En el Ecuador, incluso en la época más oscura de la “partidocracia”, Petroecuador jamás cedió el control de ese negocio a empresas extranjeras, de forma tan desembozada como sucede hoy. A más de cuatro años de vigencia de la revolución ciudadana la realidad del sector petrolero ecuatoriano, en especial la del comercio externo de hidrocarburos, es igual o peor a la registrada durante la llamada “noche neoliberal”.

A inicio del gobierno, el discurso oficial hacía prever un fortalecimiento de Petroecuador en el negocio externo de los hidrocarburos, procurando eliminar o reducir el poder de los intermediarios, que durante el “oscurantismo” amasaron fortunas. En esa dirección, fue el propio presidente Correa, quien a voz en cuello declaró la guerra a los traders (comerciantes), calificando incluso a Trafigura como una empresa“mafiosa controlada por los socialcristianos”.  El mote de mafiosa era un secreto a voces,    para una compañía que por 15 años ha controlado gran parte del pastel del crudo, gas y derivados, pervirtiendo procedimientos.

Durante las dos últimas décadas no hay gobierno que se haya resistido a las tentaciones de los intermediarios y sus carteles de lobystas, hermanados desde entonces con oligarquías nacionales y políticos tradicionales. A partir del ascenso de la revolución ciudadana, esos mismos traders aparecen conectados a modernos clanes ecuatorianos, conocidos como los rich lefties (zurdos ricos).
 
En el gobierno de PAIS, el 90% del comercio externo de crudo, gas y derivados, unos 10 mil millones de dólares anuales, es manejado fuera de procesos licitatorios. Por ejemplo, el negocio de petróleo, gas, gasolinas, diesel, cutter stock y fuel oil con: Petrochina (China), Ancap (Uruguay) y Pdvsa (Venezuela), ha sido adjudicado al amparo de los convenios de alianza estratégica, cobertura de créditos, ventas anticipadas o canje de crudo por derivados. En ese sentido los premios y diferenciales aplicados, fueron establecidos por “acuerdo mutuo”, y no representaron la realidad del mercado. La única forma para verificar el mercado es a través de procesos licitatorios, lo que en Ecuador es un procedimiento de la prehistoria neoliberal.
 
Durante gran parte de los años 2008 y 2009 los diferenciales (castigos) de nuestros crudos se dispararon sobre los 23 U$/BL, superiores hasta en 10 dólares a los establecidos por el mercado, fue un tiempo en que los traders hicieron macro fortunas. Para el resto del período de gobierno, el promedio de premios y diferenciales aplicados por Petroecuador a las compañías estatales, en el caso del crudo, difieren de los del mercado, entre 1,5 y 3 dólares por barril, en perjuicio del Estado. Esto se explica porque las compañías estatales responsables de los contratos, figuran como pantallas de los traders privados: (TRAFIGURA=ANCAP/PDVSA y CASTOR PETROLEUM = PETROCHINA). Es evidente que los precios de facturación entre Petroecuador y las estatales son inferiores a los del mercado, en este punto entran los intermediarios a hacer su trabajo. Por ejemplo: si el precio del pan en el mercado es de 0,10 ctvs, la panadería debe vender ese pan al intermediario a 0,08 ctvs, como mínimo, para que el comerciante (trader) pueda existir. La pregunta es, ¿por qué Petroecuador no vendió directamente su crudo a los consumidores finales, como proclamó el presidente Rafael Correa, al declarar la guerra a las “mafias”, o es que por acción o inacción, acabaron siendo parte del negocio?
 
El socialismo del siglo 21 trajo una nueva nomenclatura de negocios, cobijada por el manto de las alianzas estratégicas. Bajo esa bandera se armaron convenios entre empresas estatales. La fórmula era vender nuestro crudo directamente a consumidores finales, y viceversa, recibir combustibles de los productores, cerrando el paso a los intermediarios. La idea era maravillosa, pero en la práctica, de acuerdo con los reportes oficiales de Petroecuador, los cargamentos de crudo ecuatoriano no tuvieron como destino las refinerías de Petrochina, Pdvsa o Ancap; de igual forma el GLP y demás derivados no tuvieron como puerto de embarque las refinerías de nuestros socios estratégicos.
 
El radicalismo verbal del Presidente Correa, que ha etiquetado sellos sucios en contra de varias compañías extranjeras, marcándolas como “mafiosas”, en la práctica ha servido para encubrir actividades nocivas de esas mismas mafias, coincidiendo con el dicho popular:  “enemigos en público, amigos en la cama”. Solo así se entendería la hipocresía que envuelve el caso Trafigura, que de “mafiosa” acabó convertida en reina y protegida del régimen revolucionario.             
 
Las estatales PDVSA y ANCAP aparecen como pantallas de Trafigura, así consta en los reportes de carga y descarga y en las facturas de Petroecuador. A nombre de las mencionadas compañías públicas, Trafigura toma el crudo ecuatoriano y lo revende a terceros. Los buques contratados por el trader holandés, nunca descargan en las refinerías de PDVSA, menos aún en la única planta refinadora de Ancap, “La Teja”.
 
El convenio con la estatal uruguaya raya en la vergüenza internacional. Petroecuador y Ancap suscribieron un contrato de canje de crudo por derivados, el mes de enero de 2011. De acuerdo con el citado convenio Ecuador entregaría crudo Oriente de 23° API para ser procesado en la refinería La Teja, a cambio nos entregarían diesel. ¿Cómo es posible que la refinería La Teja, industrialice el crudo ecuatoriano de 23°API, si la planta procesa crudos livianos de 30 y 34 °API?.    ¿De dónde obtiene ANCAP el diesel para entregar a Ecuador, si es deficitario en la producción de derivados? Al calor de la verdad, uruguayos y ecuatorianos fuimos engañados, pues en nombre de la solidaridad, de la revolución y de la hermandad latinoamericana, el poderoso trader Trafigura, acabó haciendo jugosos negocios. Así es, Trafigura carga nuestro crudo en Balao y lo ubica en Long Beach, Panamá, Perú u otros puertos; de igual forma Trafigura descarga en Balao o en la Libertad, el diesel que jamás viene de la refinería uruguaya.
 
Para completar el escarnio, en marzo del 2010, el Presidente Rafael Correa, aprovechó la oportunidad de la posesión del Presidente José Mujica, para inaugurar el convenio entre Petroecuador y Ancap. Como consta en los reportes de los medios de información, Correa abrió las válvulas del primer buque, que según él, llegó al puerto José Ignacio en el atlántico uruguayo, procedente del puerto de Balao, en el pacífico ecuatoriano. Esa fue una representación falsa, ese buque nunca salió de Ecuador, el primer cargamento de crudo a nombre de Ancap lo llevó Trafigura a Long Beach (California), como consta en los reportes de Petroecuador; lo demás fue un teatro mediático para contentar a parte de un pueblo, engañado con una revolución de bambalina, que esconde la basura bajo las banderas de la solidaridad latinoamericana.
 
Trafigura: gas inflamable
 
El mercado del gas licuado de petróleo (GLP) es altamente dependiente de las importaciones. Entre un 80 y 85% del consumo es importado, la diferencia de costos es abismal: el cilindro de 15 kilos cuesta aproximadamente 15 dólares, mientras el precio nacional de venta subsidiado, es de apenas U$ 1,60 el cilindro. Para muestra, el último contrato directo de provisión de GLP, entre Trafigura y Flopec, de 17 meses, (noviembre 2009 a abril 2011), le representó al Estado la cifra descomunal de U$ 1 mil 540 millones, según reportes de Petroecuador.
 
En la economía del gas, si bien una buena parte del costo se desvía a subsidiar actividades suntuarias, industriales, comerciales y fugas por las fronteras; no es menos cierto que otra parte importante de esos costos, se pierden en los agujeros negros de la corrupción: onerosa importación, almacenamiento flotante, buques alijadores, falsos costos financieros; y, en la cadena de comercialización interna: altos costos por envasado en cilindros, transporte al granel, mantenimiento y reposición de cilindros, transporte en cilindros, y un rosario infame de gastos endosados al Estado para beneficiar negocios privados, en su mayoría extranjeros. Petroecuador pese a contar desde hace décadas con la infraestructura de despacho de gas por cilindros, apenas participa en el 1% del mercado interno, mientras las plantas estatales se pudren.
 
Los ecuatorianos deben saber que lo único que hace el Estado a través de la empresa pública en la cadena de comercialización interna y externa de GLP,  es pagar costos, las demás actividades, desde la importación, hasta el despacho en cilindros lo hacen poderosas empresas extranjeras: Trafigura, Agip, Duragas, Repsol. Esta tragedia ha sido así durante la larga noche neoliberal y sigue intacta y aumentada en la era de la revolución ciudadana. 
 
Fuera de toda razón, en  julio del año 2007 el presidente Correa dispuso la suscripción de un convenio de alianza estratégica entre Flopec y Petroecuador por 20 años, para la construcción y operación del terminal de almacenamiento de gas en tierra, en la zona de Monteverde, provincia de Santa Elena, por la suma de U$ 270 millones, cuando seis meses antes Petrocomercial estableció un costo de U$ 94 millones. El proyecto tenía como objetivo resolver un problema estructural del sector petrolero, el de no contar con un sistema de recepción y almacenamiento de gas licuado propio, y de haber estado sometido a un procedimiento de almacenamiento flotante, controlado por dos empresas Furnnes Wity y Trafigura, que a su turno cargaron enormes costos al Estado. Se estima que el país erogó en veinte años más de U$ 1000 millones por almacenamiento flotante y buques alijadores, recursos con los cuales se pudo adquirir una flota de buques o construido varias plantas de almacenamiento de GLP en tierra.
 
¿Cómo funciona el negocio?: la compañía proveedora de gas entrega 70% de propano y 30% de butano en el buque madre dormido en Punta Arenas, aquí se mezclan los dos productos y se obtiene el GLP, convirtiendo al buque en una especie de industria en el mar; desde aquí se transporta la mezcla a través de pequeños buques alijadores hasta el terminal Tres Bocas, para su envío a las provincias a través de poliductos o al granel.
 
costos almacenamiento flotante, buques alijadores y gastos
(Fuente Flopec)

Costos operativos almacenamiento      12,90 TM
Costo operativos buques alijadores      12,15 TM
Gastos financieros        9,85 TM
Utilidad        4,54 TM
TOTAL    39,44 TM
 
Como se aprecia en el cuadro, el almacenamiento flotante y los buques alijadores representan un costo para el país de U$ 39,44 por tonelada métrica (TM), que multiplicado por 1´560.000 TM del último contrato directo con Trafigura, significó un costo total de 61.5 millones de dólares. Este es el único caso donde “buque parado si gana flete”, convirtiéndose en uno de los más funestos negociados de la historia petrolera. El año 2010, Trafigura informó de la venta del viejo buque Berger Racine en 13 millones de dólares.    ¿Imaginémonos cuántos buques hubiéramos adquirido en 20 años?
 
En el marco de la alianza estratégica entre Flopec y Petroecuador, en junio del año 2009, se adjudicó un nuevo contrato de provisión de gas licuado a favor de la compañía Trafigura, con un diferencial de 73 U$/TM, para proveer 1´300.000 toneladas métricas + - 20%, a ejecutarse desde noviembre del mismo año. El contrato formaba parte del convenio con Flopec, pese a que ese convenio era exclusivo para la construcción de una planta de almacenamiento de gas en tierra, más no para la provisión de GLP. Al final, el gobierno transfirió a la Armada no solo la construcción del almacenamiento en tierra, sino también la importación de gas, uno de los negocios más complejos y estratégicos del país.
 
Para entregar a Petroecuador el gas ya internalizado en el país, a manera de puente, en noviembre de 2009 se firmó otro contrato entre Flopec y Petroecuador, para la provisión de 1´300.000 toneladas métricas + - 20%, pero con el diferencial incrementado a 74,45 U$/TM, o sea 1,45 U$/TM superior al diferencial de 73 U$/TM, del contrato entre Flopec y Trafigura. Debe notarse que en el contrato entre Flopec y Petroecuador, la empresa estatal se obligaba a pagar un precio internacional del producto ya nacionalizado, sin que exista para ello base jurídica alguna. Varias semanas después, el Presidente Correa tuvo que suscribir un Decreto para acomodar esta sui generis triangulación, en la cual el Estado pagaba precios internacionales (15 U$/cilindro) por un gas nacionalizado (1,60 U$/cilindro). A esa fecha se alertó sobre la injustificable presencia, ya no solo de un intermediario, sino de dos.
 
Los dos contratos para proveer el mismo gas,  establecían una condición de entrega del producto en el terminal de Tres Bocas, es decir que tanto los costos del buque flotante como de los buques alijadores, se incluían en el diferencial de 73 U$/TM pactado con Trafigura.
 
Ante el incremento de la demanda interna de gas, por requerimiento del Estado, Flopec estaba en la obligación de exigir a Trafigura cumpla el contrato, incluyendo el 20% adicional, de 260 mil toneladas métricas, sumando un total de 1´560.000 TM, con el mismo diferencial de 73 U$/TM. Pero, sorpresiva e ilegalmente, desde diciembre de 2010, Trafigura empezó a notificar la “imposibilidad” de cumplir con el contrato, debido a un incremento del precio del gas y un supuesto aumento de los costos de importación (diferenciales). Ante esta realidad, el contrato contempla la aplicación de las garantías (U$ 6 millones) y la declaratoria de contratista incumplida por tres años. Si bien los argumentos de Trafigura tenían algún asidero, como resultado de los conflictos internacionales que habrían modificado el precio de los hidrocarburos e incluso cambiado los diferenciales y premios, Flopec a través de un estudio de mercado realizado en diciembre del mismo año, verificó que máximo el diferencial podría incrementarse a 137 U$/TM, no en los términos señalados por Trafigura.
 
Es más, en carta de diciembre de 2010, Flopec hace conocer a Petroecuador, que  “Trafigura preferiría perder los 6 millones de dólares de la garantía a perder 17 millones de dólares y otras pérdidas incrementales hasta cumplir con el volumen del contrato”.  La amenaza de Trafigura era una realidad inminente y olía a negociado, pero los marinos se demoraron 5 meses en aplicar el contrato y cobrar las garantías, lo hicieron asustados en mayo del 2011, luego de que se formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. La estrategia de Trafigura estaba en marcha y para ello se juntaron todos los actores, incluyendo Petroecuador, Flopec y el Ministerio de Recursos Naturales.
 
Dos remedos de concurso de provisión de gas organizados por Flopec quedaron en simples amagues, hasta que la Armada dio el brazo a torcer y devolvió la responsabilidad de la importación a Petroecuador; aunque en el revuelto mar, pescó para sí el negocio de los buques alijadores y el almacenamiento flotante, hasta que algún día concluya la construcción de la planta en tierra.
 
Hasta el 30 de abril de 2011, fecha pactada de culminación del contrato entre Trafigura y Flopec, el trader entregó al país apenas 1´191.000 TM de gas, es decir no cumplió siquiera con el volumen base del contrato, de 1´300.000 TM, peor el 20% adicional de 260.000 TM, demandado por Petroecuador que sumaba 1´560.000 TM. La diferencia de 369.000 TM es lo que Trafigura se negó a entregar al Estado ecuatoriano.
 
En abril de 2011, Petroecuador nuevamente a cargo del negocio, convocó a un amarrado concurso internacional solo a empresas estatales, para la provisión de gas, en  el cual aparecen como ganadoras dos compañías que no producen gas para exportación: ANCAP de Uruguay y PMI de México, con un diferencial nunca antes visto en las últimas décadas, de 220 U$/TM hasta el buque flotante, y    40 U$/TM adicionales por costos de almacenamiento y transporte en buques alijadores hasta Tres Bocas, este rubro a favor de Flopec. La diferencia de 187 U$/TM (260-73) multiplicada por 369.000 toneladas no entregadas por Trafigura, deja un perjuicio al país de U$ 69 millones.
 
Los discursos del régimen nuevamente pulverizaron a Trafigura, incluso el Ministro Wilson Pastor, en varias declaraciones públicas afirmó que el trader holandés dejaba el país; es más, en respuesta a denuncias de que Trafigura operaba a través de Ancap, señaló que el buque con 35 mil toneladas métricas adjudicado a la estatal uruguaya provenía de Dubai. Pero, según la carta de crédito entregada por él mismo ministro a la Asamblea Nacional, en mayo de 2011, ese cargamento tuvo como zona de embarque el puerto de Taboquilla en Panamá, entonces el Ministro Pastor le mintió al país, pues él sabe que Dubai está muy lejos de la tierra de Rubén Blades. En los certificados de embarque y en varios reportes del Platts, se establece que los cargamentos de gas adjudicados a ANCAP y PMI, fueron cargados, transportados y descargados por Trafigura, durante mayo, junio y julio de 2011. 
 
Queda claro que la ruptura del contrato de provisión de gas por parte de Trafigura, así como el cobro de  los 6 millones de dólares de garantía y la suspensión del trader por 3 años, fue parte de un show, que le costó al país 69 millones de dólares, pues los volúmenes de GLP que Trafigura debía entregar al país con un diferencial de 73 U$/TM, lo habría hecho encubierta en las estatales ANCAP y PMI, con un diferencial de 220 U$/TM, una diferencia de 147 U$/TM, en contra del país.   
 
El corolario de este nuevo perjuicio a los fondos públicos, debe contextualizarse en las declaraciones del presidente Rafael Correa, de julio de 2009, cuando al referirse al concurso realizado por el INCOP en el cual se adjudicó a Trafigura la provisión de GLP, con un diferencial de 73 U$/TM, dijo:  “Hace cuatro años ¿cuánto estaban robando? Ahora se proyecta un ahorro de alrededor de 69 millones de dólares”.  Si antes del gobierno del Movimiento PAIS, con diferenciales superiores a los 116 U$/TM, la “partidocracia corrupta  estaba robando”, preguntemos al presidente Correa, si con un diferencial de 260 U$/TM, se estará haciendo la revolución.